26/02/2026

Los Estados miembros de la UE se enfrentan a consecuencias legales si no cumplen con la nueva normativa europea sobre cultivos modificados genéticamente

Personal investigador de Agrotecnio y la Universitat de Lleida publica un artículo sobre las consecuencias y los principios disponibles que se podrían movilizar

En diciembre de 2025, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre las nuevas normas de la Unión Europea que establecen un marco jurídico para las nuevas técnicas genómicas (NGT). Los investigadores Lourdes Salomon Sancho, Teresa Capell Capell, Paul Christou y Antoni Vaquer, de Agrotecnio y la Universidad de Lleida, han publicado un artículo en Trends in Biotechnology en el que analizan las posibles consecuencias jurídicas para los Estados miembros que incumplan la normativa prevista sobre cultivos modificados genéticamente.

Un nuevo acuerdo europeo allana el camino para un cultivo más innovador en la UE, apoyando el desarrollo de cultivos modificados genéticamente que son más resistentes al cambio climático y más eficientes en el uso de los recursos, ya que requieren menos fertilizantes y pesticidas. Estos avances podrían impulsar la competitividad de la agricultura europea y ayudar a equilibrar el terreno de juego a nivel mundial. Sin embargo, la controversia en torno a esta cuestión —y el historial con normativas similares— plantea dudas sobre si los Estados miembros cumplirán plenamente y aplicarán de manera coherente las nuevas normas.

Salomon, Capell, Christou y Vaquer señalan que la legislación de la UE podría movilizarse en casos de incumplimiento a través de tres vías diferentes: las empresas o los particulares, como los agricultores, podrían enviar peticiones a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo o litigar directamente ante los tribunales nacionales. La aplicabilidad directa, el principio de primacía y el principio de interpretación coherente apuntalan la aplicación uniforme de esta normativa sobre NGT.

Tradicionalmente, la UE ha aplicado normativas estrictas sobre los organismos modificados genéticamente (OMG), a pesar de la falta de pruebas científicas que sugieran que estos cultivos plantean riesgos específicos. «La regulación de los cultivos transgénicos en la UE suele ser criticada por paradójica y poco científica, dado que la UE importa más de 100 productos transgénicos, al tiempo que restringe severamente su cultivo», explican los autores, que también señalan que invocar el principio de precaución fomenta el escepticismo público y la oposición política.

Científica del grupo de Biotecnología Vegetal Aplicada de Agrotecnio-UdL.

La edición del genoma permite realizar cambios genéticos precisos y específicos que son indistinguibles de los logrados mediante el cultivo convencional. Según la nueva legislación, los cultivos editados genómicamente se dividen en dos categorías: NGT1 y NGT2. Las plantas NGT1, que implican modificaciones genéticas menores equivalentes a mutaciones naturales, se regularán de la misma manera que los cultivos convencionales. Por el contrario, las plantas NGT2 presentan alteraciones más complejas, como cambios que probablemente no se producirían de forma natural o la introducción de ADN de otras especies, y seguirán estando sujetas a las normas más estrictas que se aplican a los OMG.

El texto acordado aún debe ser aprobado formalmente para convertirse en ley, y el reglamento entrará en vigor aproximadamente dos años después de su publicación. «Una vez adoptado formalmente, las autoridades nacionales estarán obligadas a aplicar plenamente el reglamento, eliminando las medidas nacionales incompatibles e interpretando la legislación nacional de manera coherente con el Derecho de la Unión», los autores pretenden aclarar que cualquier Estado miembro de la Unión Europea que obstaculice la aplicación de una norma europea más permisiva podrá ser responsable de los daños causados a los productores agrícolas, las empresas o los agricultores que no puedan utilizar plantas NGT1.

Esta publicación es fruto de la colaboración entre Agrotecnio y el Departamento de Derecho de la Universidad de Lleida para promover proyectos que combinan conocimientos jurídicos, económicos y agronómicos. Con equipos interdisciplinares, estos proyectos pretenden abordar retos relevantes para el sector del derecho agroalimentario.

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