- Un artículo pone sobre la mesa la necesidad urgente de disponer de una regulación específica para garantizar seguridad jurídica e impulsar el sector
Investigadores de Agrotecnio, del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) y de la Facultad de Derecho de la Universitat de Lleida alertan sobre la necesidad urgente de regular claramente el cultivo de la trufa en España. César Cierco Seira, Eduard-Valentin Pavel, Daniel Oliach Lesan y José Antonio Bonet Lledós han liderado el estudio publicado en la Revista General de Derecho Administrativo, donde señalan que la carencia de una normativa específica puede frenar el desarrollo de un sector con un alto valor económico y estratégico.
El artículo, titulado “La borrosa frontera entre lo agrícola y lo forestal: el caso de las plantaciones truferas”, analiza los problemas de inseguridad jurídica que afectan el cultivo de trufas, derivados principalmente de la indefinición legal del concepto de “terreno forestal” y de la frontera difusa entre suelo agrícola y forestal.
“Sin un marco normativo claro, los propietarios e inversores se encuentran con incertidumbres que frenan la toma de decisiones, especialmente tratándose de un cultivo con alta inversión inicial y retorno a largo plazo”, explica César Cierco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Lleida.
En las últimas décadas, el cultivo de la trufa se ha consolidado como una actividad estratégica para el desarrollo rural, con una elevada rentabilidad económica e importantes beneficios ambientales, sociales y culturales. Además de diversificar la actividad agraria, contribuye a la fijación de población en el territorio, a la gestión activa del paisaje y a la prevención de incendios forestales.
Los casos de Italia y la Comunidad Valenciana
El estudio analiza la reforma de la Ley 3/1993 forestal de la Comunidad Valenciana, operada en diciembre de 2024, como un paso significativo para abordar esta problemática. Esta modificación establece que el cultivo de trufas en suelo agrícola se tiene que considerar actividad agrícola y no forestal. La normativa valenciana también establece que el cultivo de trufas en suelo forestal puede tener una consideración temporal como suelo agrícola durante el periodo de explotación.
A pesar de valorar positivamente el esfuerzo del cuerpo legislador valenciano, los investigadores advierten que esta solución presenta riesgos jurídicos y conceptuales, especialmente en cuanto a la posible alteración del régimen básico del suelo forestal y a la coherencia con el principio de gestión forestal sostenible.
El trabajo señala el modelo italiano como referente, puesto que dispone de una ley estatal específica sobre la trufa que regula de manera integral la producción, el cultivo, la recolección, la comercialización y la certificación, con una clara distinción entre las trufas cultivadas, las trufas controladas en medio forestal y las trufas silvestres.
Tres escenarios para el futuro del sector
Los autores proponen distinguir tres realidades diferenciadas: el cultivo de trufas en suelo agrícola, que tendría que quedar definitivamente fuera del concepto de bosque o “terreno forestal”; el cultivo de trufas en suelo forestal, que tendría que integrarse dentro de la lógica de la gestión forestal sostenible, sin perder su condición de bosque. Y finalmente, la recolección de trufa silvestre, que necesita una actualización normativa profunda, especialmente en cuanto a la profesionalización, el furtivismo y las garantías de comercialización alimentaria.
“Si queremos que la trufa sea un verdadero motor de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, hay que ir más allá de modificaciones parciales y avanzar hacia una ley específica del sector”, destaca José Antonio Bonet, catedrático de Producción Vegetal de la Universitat de Lleida y director de Agrotecnio.
Los autores concluyen que si se quiere potenciar realmente el sector de la trufa como motor de desarrollo rural y como herramienta de sostenibilidad ambiental, hay que ir más allá de modificaciones parciales de la legislación forestal y avanzar hacia una ley específica del sector de la trufa. Un marco normativo propio permitiría aportar seguridad jurídica, coherencia reguladora y reconocimiento institucional a una actividad con un enorme potencial estratégico para los territorios rurales.